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Comisión de Transición debe manejar recursos para construcción de cárceles

Entre el 2004 y 2013 el gobierno de Honduras ha dado como respuesta a la problemática penitenciaria,  la emisión de decretos que no han tenido ninguna eficacia para mejorar la vida de las personas privadas en el Sistema Penitenciario Nacional. En este mismo periodo han muerto más de 600 compatriotas en eventos trágicos que han llenado de luto a gran cantidad de familias hondureñas.

Lo que ha logrado la sociedad  en estos nueve años ha sido la aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario que entro en vigencia 04-12-12, después de un largo proceso de  espera. Un módulo de máxima seguridad que está dando como resultado el deterioro  emocional de los privados de libertad que se encuentran allí. Por otra parte el resto de las cárceles se mantienen en igual o peores condiciones que hace diez años.

La Ley penitenciaria prevé en el artículo 109 transitorio, la constitución de una Comisión Especial de Transición, que tiene como funciones entre otras “preparar conjuntamente con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas el presupuesto que corresponda para garantizar el proceso de transición y de aplicación de esta ley”.

Considerando que la Comisión de Transición es el actor operativo fundamental para atender las necesidades actuales de la población penitenciaria y también responsable de analizar y decidir sobre las proyecciones que más convengan al Estado de Honduras en la solución de problemas tan graves como el hacinamiento carcelario, el CPTRT considera que este organismo debe de inmediato proceder a determinar si la construcción de mega cárceles es la medida que mejor sirve a la solución de este grave problema.  

En el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional se destinó la cantidad de L.1,023,091,013.00,(un mil veintitrés millones noventa y un mil trece lempiras exactos) de los cuales desembolso la cantidad de L.223,885,409.33 (doscientos veintitrés millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos nueve lempiras con 33/100 exactos) para la compra un terreno en la ciudad de Comayagua supuestamente dedicado a construir una cárcel. Como es del conocimiento de toda la ciudadanía este proyecto se abortó por la oposición de las fuerzas vivas de Comayagua y sus autoridades.

De esos recursos el gobierno cuenta con L.799,205 (setecientos noventa y nueve millones doscientos cinco mil lempiras), según las autoridades se reorientarán para la construcción de dos mega cárceles en diferentes puntos del país.

De cara a la historia de fracasos observados en la gestión penitenciaria, ¿será prudente y efectivo dedicar estos fondos a construir dos mega cárceles?, o por el contrario deberían destinarse los mismos para reparar, construir, mejorar y comprar terrenos y realizar alguna actividad productiva como sembrar granos básicos para cubrir las necesidades de alimentación de más de 13 mil privados y privadas de libertad.

¿De qué manera podremos las organizaciones de derechos humanos y toda la sociedad evitar que parte de estos fondos se orienten a la realización de actividades proselitistas en este periodo electoral?  

CPTRT propone este día, que la Comisión de Transición se reúna de manera urgente con la mesa penitenciaria y el personal técnico del Instituto, para organizar un plan de mejoramiento del sistema penitenciario que se apegue estrictamente al cumplimiento de la Ley y a las necesidades que deben ser satisfechas en materia de construcción de cárceles según los estándares internacionales y las recomendaciones derivadas del sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso López Álvarez vrs Honduras.

Pedimos a los candidatos y la candidata presidencial que asuman el tema penitenciario defendiendo el principio de no corrupción de los funcionarios públicos ahora mismo, no para cuando tomen posesión.

 

Tegucigalpa 14 de octubre de 2013