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CPTRT reitera rechazo a la policía militar

Hoy se consuma un hecho grave para la defensa y promoción de los derechos humanos del pueblo hondureño.

La salida a las calles de la policía militar es un hecho político peligroso, un retroceso histórico que nos devuelve a la década de los ochenta, donde la policía militar de aquel entonces cometió graves violaciones a los derechos humanos, que todavía permanecen en la impunidad.

En contraste con este acto,  hoy está citado ante el Juzgado Primero de Letras Intibucá a una nueva audiencia, el defensor de los derechos humanos del pueblo Lenca Aureliano Molina, con el objetivo de cambiar las medidas sustitutivas de prisión, dictadas el pasado 20 de septiembre.

Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) están acusados “de inducir a pobladores de la zona a provocar daños materiales a la empresa DESA que ascienden a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras”, que construye una represa en los territorios indígenas.

Reiteramos nuestro rechazo a que los militares sean incorporados de forma permanente a cumplir funciones de seguridad pública, que solo le competen a la Policía Nacional Civil.

Demandamos la inmediata depuración de la Policía Nacional y los demás operadores de justicia e incluir a los militares en este proceso de depuración.

 

Tegucigalpa 03 de octubre de 2013