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CPTRT denuncia intenciones de militarizar centros penales del país

Tegucigalpa. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), denunció hoy en conferencia de prensa una posible militarización de los diferentes centros penales del país, el próximo tres de junio.

El próximo lunes la Comisión de Transición del Sistema Penitenciario, integrada por los abogados José Augusto Ávila González, Servando Alcerro Saravia y Delmy Anarda Banegas Padilla, deben asumir el control de los 24 centros penales del país.

Según el director ejecutivo del CPTRT Juan Almendarez  Bonilla, han “tenido conocimiento de un rumor difundido que este tres de junio se van a militarizar los centros penales”.

“Estamos totalmente en contra de la militarización de los centros penales porque las estructuras policiales y militares no han sido capaces de manejar y además de acuerdo a la propia ley tienen que tener un control civil”, señaló Almendarez.

Recomendaciones de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que se “garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares”.

Por su parte el coordinador la comisión manifestó que de concretarse la denuncia pondría su renuncia al cargo inmediatamente.
Almendarez calificó como histórico “el paso de una estructura que ha estado controlada por los militares y la policía históricamente” a una instancia civil que significa una ganancia para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Ante la denuncia, diferentes organizaciones como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV, La Pastoral Penitenciaria, La Alianza por los Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras el doctor Efraín Pérez, mostraron su preocupación y su apoyo a la Comisión de Transición.

El defensor de  los derechos humanos hizo un llamado a “la conciencia nacional e internacional” para acompañar a la Comisión de Transición el proceso que se iniciará el próximo tres de junio.

Hoy, una comisión de diferentes instancias de derechos humanos tienen previsto una reunión con autoridades de los centros penales, mientras se está solicitando de urgencia con otras entidades como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para tratar el asunto del traspaso de mando.

La comisión es la máxima autoridad del Sistema Penitenciario para los próximos dos años y  tiene el mandato de organizar el nuevo Instituto Penitenciario, previsto en la nueva Ley que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Representante de la ONU manifiesta preocupación

El representante del Alto Comisionado manifestó que “vemos con mucha preocupación el anuncio y considero que es fundamental este reclamo, considero que las cárceles no deben estar en manos del ejército”.

El alto funcionario agregó, que así como las funciones de la policía no pueden estar en manos del ejército, tampoco las mismas cárceles porque hace parte de ese principio universal de protección de los derechos humanos.

“Las cárceles están llenas de personas, que no vengo aquí a juzgar eso lo deben hacer los jueces, pero independientemente de que hayan actuado bien o mal siguen siendo seres humanos” afirmó Pérez.

El defensor de los derechos humanos cuestionó, que “cuando un estado desciende el peldaño al mismo nivel que el delincuente, el Estado no es mejor que víctima y se convierte en otro verdugo más, otro delincuente”.

Esa misma preocupación fue manifiesta por los miembros del CONAPREV, una instancia estatal con participación de la sociedad civil, que trabaja contra la tortura y tratos crueles en diferentes centros de detención del país incluidos los hospitales psiquiátricos.

Tegucigalpa 27 de mayo de 2013.